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Modifica el Decreto-ley 12/2020 para ajustar las medidas del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) frente a la COVID-19. Regula el pago a las entidades sanitarias y su capacidad de tesorería.

Establece un régimen excepcional para ejecutar las subvenciones en el ámbito de los servicios sociales durante la crisis de la COVID-19. Permite adaptar las actuaciones subvencionadas a la situación de emergencia y a la suspensión de la actividad presencial.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Adopta medidas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Amplía créditos al Fondo de Contingencia para gastos derivados de la COVID-19 y ajusta el sistema de pago de la atención sanitaria pública. También incluye medidas tributarias y cambios en la estructura de la Administración de la Generalidad.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.

Establece medidas urgentes para afrontar el impacto del COVID-19 en Cataluña. Incluye recuperar un complemento del personal sanitario, agilizar el destino final de los fallecidos y regular el funcionamiento de entidades deportivas y personas jurídicas.

Fija el aumento de sueldo del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña para 2020 y recupera parte de la paga extraordinaria que se dejó de cobrar en 2013. El aumento puede llegar al 2% respecto a 2019, con cantidades adicionales según la economía.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.

Añade una disposición adicional a la Ley 29/2010 para permitir que el Gobierno de la Generalitat y el Consejo Técnico celebren sus sesiones a distancia, mediante medios electrónicos, en situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Establece medidas urgentes de la Generalitat de Cataluña en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal, de contratación y económica para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. Regula actuaciones en esas seis áreas mediante un solo decreto-ley.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.

Establece medidas para impulsar la construcción de viviendas de titularidad pública en las Illes Balears, con reglas para su promoción, planificación y ejecución. También modifica la Ley de vivienda para añadir el derecho de tanteo y retracto de la Administración y agiliza trámites administrativos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder al impacto económico y social del COVID-19. Regula la contratación pública, los convenios y conciertos educativos, las subvenciones, los servicios sociales, la gestión de residuos sanitarios y los plazos administrativos. También indica cómo se financian estas medidas.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Establece medidas urgentes en Extremadura para adaptar la tramitación de subvenciones, la ejecución de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo durante la crisis del COVID-19.