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El Tribunal Supremo estima el recurso de la empresa Máster del Conocimiento, SL, y anula el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado.

Actualiza el modelo de aceptación del apoderamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Con el nuevo modelo, la aceptación puede hacerla tanto la persona apoderada como la poderdante, y el formulario electrónico sirve como documento privado con firma electrónica.

Declara oficiales varios títulos de Grado de distintas universidades y ordena su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). También indica que cada universidad debe publicar su plan de estudios y renovar la acreditación para mantenerla.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

Suprime una de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR) de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Declara oficiales varios títulos de Máster de distintas universidades y ordena su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). También indica que los planes de estudios se publicarán en el BOE y en el diario oficial de la comunidad autónoma.

Declara oficiales varios títulos de Grado de distintas universidades y ordena su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). También indica que los planes de estudios se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el diario oficial de la comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

Crea dos registros estatales: uno de las Aulas de Tecnología Aplicada y otro de las Aulas de Emprendimiento de Formación Profesional financiadas con fondos del Plan de Recuperación. Regula qué datos contiene cada registro y cómo se inscriben y rectifican.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Declara oficiales varios títulos de Máster de distintas universidades y ordena su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). También indica que los planes de estudios se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el diario oficial de la comunidad autónoma.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula los artículos sobre el procedimiento de registro único y la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles para obtener un número de registro y poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas en línea. El resto del real decreto se mantiene.