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El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del ACNUR para que esta participe en el procedimiento de reconocimiento de protección internacional. El ACNUR aporta cinco puestos especializados de apoyo, interpretación y asistencia técnica, y el Ministerio financia esa participación.

Modifica la Orden ISM/680/2022 para agilizar la justificación de gastos en la gestión del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria mediante acción concertada. Cambia los artículos 16 y 17 sobre justificaciones periódicas de costes.

El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del ACNUR para que esta participe en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional. El Ministerio financia personal especializado, interpretación y traducción y una consultoría.

Modifica el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022 para que el pago anticipado a las entidades que gestionan el sistema de acogida de protección internacional se tramite desde la notificación de la asignación, y no en el último trimestre del año anterior.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado amplía los servicios traspasados al País Vasco en sanidad, servicios y asistencia social, en la fase de autonomía del sistema de protección internacional. Con ello, el País Vasco asume la atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en esa fase.

El Ministerio del Interior y la oficina en España del ACNUR firman un acuerdo para que el ACNUR participe en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional. El Ministerio financia cinco especialistas y una consultoría de seis meses.

Desarrolla el régimen disciplinario del sistema de acogida para solicitantes de protección internacional. Define las infracciones leves, graves y muy graves, las sanciones, el procedimiento, los recursos y el reembolso de daños. También regula el tratamiento de los menores.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional. El Ministerio financia cinco puestos de especialistas en protección internacional del ACNUR.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para mejorar la atención de las necesidades básicas de las personas con protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actuaciones financiables y la justificación de las ayudas.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para que paguen una ayuda económica directa a las personas con protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que no tengan recursos suficientes. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los destinatarios finales, las actuaciones financiables y las cuantías.

Desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, regulando los requisitos y el procedimiento de autorización de entidades, la ejecución y el pago, el seguimiento y control, y el intercambio de información. También aplica estas reglas a los programas de atención humanitaria a personas migrantes.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.