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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Murcia contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y se remite a su doctrina sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Andalucía contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito objetivo y temporal ha perdido objeto y se remite a su doctrina previa sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos y una disposición adicional de la Ley aragonesa 5/2024, sobre comunidades energéticas y autoconsumo industrial. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía en Cataluña. Declara que la impugnación de los preceptos sobre el ámbito de aplicación ha perdido objeto y se remite a su doctrina previa sobre la constitucionalidad de la amnistía.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 de Aragón, que regulaba medidas urgentes en contratación pública. La sentencia anula total o parcialmente los preceptos que definían el ámbito de aplicación y las medidas excepcionales de revisión de precios en contratos de obra, servicios y suministros, y da una interpretación conforme a otro precepto.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024, de concordia de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un inciso de la ley vasca de gestión de la pandemia de covid-19 que extendía a la vacunación el régimen de las pruebas diagnósticas. El recurso se extingue porque ha perdido su objeto.

El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de las Illes Baleares contra el Real Decreto-ley 2/2025, sobre medidas urgentes para la infancia y adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo presenta el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger a la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.