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Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Regula los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria. Establece cómo se designan, los requisitos que deben cumplir y sus funciones, y crea una mesa de coordinación. También modifica varias normas relacionadas con sanidad animal, vegetal y fertilizantes.

Modifica tres órdenes sobre laboratorios agroalimentarios y de sanidad de la producción primaria. Adapta los precios públicos de sus servicios, la designación del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y la designación de laboratorio nacional de referencia para análisis de fertilizantes. Con ello ajusta estas normas al Real Decreto 682/2026.

Regula cómo las oficinas y servicios de farmacia devuelven y destruyen sustancias estupefacientes y psicotrópicas y medicamentos estupefacientes caducados, de uso humano o veterinario. También fija el procedimiento para los residuos de estos medicamentos que se generan en los domicilios y la conservación de registros.

Modifica tres reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones para financiar estrategias de resiliencia turística en territorios extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También modifica otro real decreto sobre una subvención directa en materia turística.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

La Resolución establece los precios públicos que el Instituto de Salud Carlos III cobra por prestar servicios y realizar actividades a través de sus centros nacionales. Sustituye la regulación anterior de 2019 y sus modificaciones.

Desarrolla la Ley Orgánica 11/2021 de lucha contra el dopaje en el deporte. Regula las autorizaciones de uso terapéutico, la prevención, la planificación y realización de controles, el pasaporte biológico y el procedimiento sancionador.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

Crea y regula el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) y fija las condiciones para que los operadores autorizados puedan expedir pasaportes fitosanitarios. También establece obligaciones para los productores de material vegetal de reproducción y modifica varias normas sobre agricultura.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Actualiza los precios públicos del Laboratorio de Control del Dopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y fija bonificaciones no acumulables por volumen de controles o por interés público, social o cultural. Las bonificaciones requieren un convenio específico con la Agencia.

Crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria, un órgano dependiente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. La División coordina los laboratorios nacionales de sanidad vegetal, animal y veterinario.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.