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El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modificaba la Ley 5/2017 sobre participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. La ley está recurrida por el presidente del Gobierno y su aplicación queda suspendida mientras se resuelve el recurso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Modifica la Ley 5/2017 sobre la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en la Región de Murcia. Suprime prerrogativas reconocidas a determinados agentes sociales y actualiza la norma para ampliar el diálogo social.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Modifica el Reglamento interno del Consejo Económico y Social para fijar cómo se compone el Grupo Segundo: veinte consejeros designados por las organizaciones empresariales más representativas, en proporción a su representatividad.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a proyectos que desarrollen productos y servicios tecnológicos para espacios de datos sectoriales. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del programa europeo Next Generation EU.

Establece el procedimiento para renovar las vocalías de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando cambia la composición de los grupos de representación. Regula el inicio del procedimiento, el cese y nombramiento con acuerdo, el nombramiento sin acuerdo y un sorteo público.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

Modifica las bases de las subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para planes de formación sobre diálogo social y negociación colectiva. Permite ampliar los plazos de ejecución de las acciones formativas cuando concurran circunstancias excepcionales e imprevisibles.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas públicas de varios programas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. La Agencia Estatal de Investigación gestiona estas ayudas. Regula quién puede solicitarlas, qué gastos se financian y cómo se conceden, siguen y justifican.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) para mejorar la competitividad de las pymes. Estas ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente 13 de impulso a la pyme.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas públicas a proyectos de colaboración entre entidades públicas y privadas en investigación científica y técnica. También aprueba la convocatoria de estas ayudas para el año 2021, dentro del Plan Estatal de I+D+i 2021-2023 y del Plan de Recuperación.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.