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Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Regula las prestaciones económicas para personas con grado III+ de dependencia extrema en Cataluña y modifica la Ley 12/2007 de servicios sociales. Establece las cuantías máximas de la prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Modifica la Ley de educación de Cataluña para regular los equipamientos escolares, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad financiera de programas de formación e inserción. Se aprueba como decreto-ley por la urgencia de las necesidades educativas y la prórroga presupuestaria.

Fija las cuantías para 2025 de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y del complemento de las pensiones no contributivas en Aragón. También regula la concesión directa de subvenciones para proyectos y actuaciones de carácter social.

Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Regula la actuación de la Junta de Extremadura para atender a las personas desplazadas de Ucrania por la guerra. Establece medidas en renta garantizada, empadronamiento, transporte, protección de menores y acogimiento temporal solidario, además de medidas urgentes de contratación pública y fiscales.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

El Decreto-ley aprueba medidas urgentes para 2021 en Baleares: suprime el ingreso a cuenta del impuesto sobre estancias turísticas, permite renunciar al régimen de estimación objetiva y reduce el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para ciertas operaciones de financiación. También modifica normas sobre renta social garantizada, servicios sociales, cambio climático, farmacia y espacios naturales.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña para coordinarla con el ingreso mínimo vital estatal. Ajusta artículos sobre la prestación catalana y sobre las ayudas y pensiones complementarias, y añade nuevas disposiciones adicionales y transitorias.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.