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Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Aprueba un nuevo modelo de solicitud para entrar en el sistema de cuenta corriente tributaria y de comunicación de renuncia al mismo. Regula el plazo y el procedimiento para presentarlo por vía electrónica. Deroga los apartados primero y segundo de la Orden de 30 de septiembre de 1999.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.

Modifica el Real Decreto 92/2018 para que los intereses generados por las cuentas donde se ingresan los fondos anticipados a los organismos pagadores de las comunidades autónomas se liquiden al Tesoro Público una vez al año, en lugar de cada trimestre. La liquidación anual abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

Modifica la Orden EHA/3481/2008 para actualizar el modelo 189, la declaración informativa anual sobre valores, seguros y rentas. Con ello se completan los cambios pendientes en las declaraciones informativas del ejercicio 2019.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación durante el cuarto trimestre de 2019, con su valor medio de negociación. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio de 2019 y para la declaración informativa anual sobre valores, seguros y rentas.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.