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Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

La ley regula los espacios productivos de Andalucía, como los polígonos industriales, para fomentar la industria. Crea órganos de coordinación, un plan director y un sistema para clasificar y modernizar estos espacios. También establece incentivos y formas de colaboración entre administraciones y empresas.

Modifica la norma que regula el control metrológico de los instrumentos de medida para ampliar de cinco a siete años el plazo para sustituir los contadores de agua que ya estaban en servicio al entrar en vigor la Orden ICT/155/2020. También fija en doce años la vida útil de los contadores de agua limpia.

Regula cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el título de entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECAH). Estas entidades certifican datos sobre extracción de agua, vertidos, calidad de las aguas y seguridad de presas y embalses ante los organismos de cuenca.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en infraestructuras del ciclo del agua, residuos y servicios municipales. Estas ayudas forman parte del Plan para el Campo de Gibraltar aprobado en 2018.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Modifica la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha para ajustar el canon medioambiental del agua. Exime del pago los primeros 10.000 litros al mes por vivienda y transfiere el 25 % de la recaudación a los ayuntamientos para mejorar infraestructuras del agua.

Modifica el artículo 29 bis de la legislación de aguas de Cataluña. La norma se enmarca en la gestión de episodios de sequía en las cuencas internas de Cataluña y en las reglas de explotación y medidas aplicables según el estado de sequía.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2025: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las normas de gestión del gasto. También incluye normas tributarias y de relación con las entidades locales.

Crea tres Oficinas Técnicas dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una para cada Comisionado: Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas; y Economía Circular. Cada oficina dará apoyo técnico y administrativo al Comisionado correspondiente.