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Modifica el Real Decreto 337/2018 para adaptar las reglas sobre previsiones macroeconómicas y presupuestarias a la normativa de la Unión Europea. Incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2024/1265, que cambia los requisitos de los marcos presupuestarios de los Estados miembros.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece las normas para elaborar y hacer seguimiento de los planes de acción del Ministerio de Defensa. Estos planes recogen las medidas para corregir los problemas detectados en el control financiero permanente y en la auditoría pública de la gestión económica-financiera del Departamento.

Regula el régimen de subvenciones que concede la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Establece cómo se planifican, conceden, justifican y controlan, y cuándo deben devolverse. También fija infracciones y sanciones y regula la recuperación de ayudas en caso de deslocalización empresarial.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2024, fijando los gastos e ingresos de la Administración general, sus organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Publica la norma técnica de auditoría NIA-ES 600 (Revisada), que adapta para España la norma internacional sobre auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de componentes. Sustituye a la norma anterior de 2013.

Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Reúne en un solo texto las normas sobre los ingresos y gastos de la Hacienda aragonesa, el presupuesto, la contabilidad, la tesorería, el endeudamiento y las responsabilidades.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Crea la Mesa del sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la Política Agrícola Común. Regula sus funciones, su composición y su funcionamiento, con el fin de aplicar de forma armonizada las medidas de la PAC en España.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Regula qué revisa el Protectorado de fundaciones de competencia estatal cuando las fundaciones presentan sus cuentas anuales y sus planes de actuación. Fija cómo se presentan, cómo se solicita el depósito y qué aspectos se comprueban formalmente.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

La ley organiza el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Define qué entidades lo forman, cómo se crean, transforman y extinguen, y cómo se coordinan entre sí. También regula su funcionamiento al servicio de la ciudadanía, incluida la administración electrónica y el uso de las lenguas.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.