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Crea el Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad y regula cómo se compone, qué funciones tiene y cómo funciona. Sustituye al anterior Comité Antifraude y se enmarca en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Corrige errores en la Orden que regula la selección de operaciones «Tardes con Plan», del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Cambia varias cifras de presupuesto y horas de coordinación, y fija el plazo de solicitudes desde la publicación de esta orden de modificación.

Crea y regula el Sistema Archivístico del Ministerio de Sanidad y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Establece la organización de los archivos, las transferencias de documentos, la eliminación de documentación y un grupo de trabajo de coordinación.

Crea la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Sanidad y regula su composición, funciones y forma de funcionar. Estos órganos se encargan de tramitar y adjudicar los contratos del Ministerio. Quedan fuera los organismos públicos dependientes del Ministerio.

Crea y regula la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Sanidad, un órgano interno de coordinación en materia de administración digital. Sustituye la comisión creada en 2015 para adaptarla a la nueva estructura del Ministerio y a la Agencia Estatal de Administración Digital.

Delimita las actuaciones de los servicios de control oficial en frontera que dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Sanidad. Regula los recintos e instalaciones de control, un protocolo reforzado de coordinación y una comisión interministerial de seguimiento.

Establece el procedimiento para presentar la autoliquidación y pagar por vía electrónica la tasa 110 (derechos de examen del Ministerio de Sanidad), usando el modelo 790 código 110. El pago se hace a través de la Pasarela de Pagos de la Agencia Tributaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022, que regula medidas de sostenibilidad económica en el transporte, becas y ayudas al estudio, y ahorro y eficiencia energética.

Crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), un órgano que coordina el seguimiento de la exposición de la población a sustancias químicas. Regula sus competencias, composición, funcionamiento y grupos técnicos de trabajo.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Sanidad. Esta oficina ayuda a las personas interesadas a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También digitaliza los documentos presentados en papel.

Declara de contratación centralizada estatal determinados medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios. Reúne en una sola orden el contenido de dos órdenes anteriores de 2014 y actualiza la lista de productos sanitarios incluidos.

Da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que declara actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19. El acuerdo recoge medidas de control en ocio nocturno, hostelería, centros sociosanitarios, eventos multitudinarios, cribados y consumo de tabaco y alcohol en la vía pública.

Establece las bases para conceder cada año subvenciones a entidades sin fines de lucro que realicen actividades para fomentar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. La gestión de estas ayudas pasa a la Organización Nacional de Trasplantes.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.