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La Resolución establece los precios públicos que el Instituto de Salud Carlos III cobra por prestar servicios y realizar actividades a través de sus centros nacionales. Sustituye la regulación anterior de 2019 y sus modificaciones.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Actualiza los precios públicos del Laboratorio de Control del Dopaje de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y fija bonificaciones no acumulables por volumen de controles o por interés público, social o cultural. Las bonificaciones requieren un convenio específico con la Agencia.

Crea la División de Laboratorios de Sanidad de la Producción Agraria, un órgano dependiente de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. La División coordina los laboratorios nacionales de sanidad vegetal, animal y veterinario.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.