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Modifica la norma que regula las listas de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en Ceuta y Melilla. Adapta esa regulación a los cambios en los cuerpos docentes de Formación Profesional introducidos por las leyes orgánicas 3/2020 y 3/2022.

Modifica la redacción de la Orden que crea la Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aclara qué contratos quedan excluidos de la Junta: los adjudicados por procedimiento abierto simplificado cuando se tramiten según el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Establece los modelos oficiales de los documentos de evaluación de Educación Primaria en el ámbito del Ministerio de Educación: actas, expediente, historial académico, informes de final de ciclo y de etapa, informe por traslado y diligencias de cierre y apertura.

Establece que las comunicaciones y notificaciones entre el INTEF y los beneficiarios de sus convocatorias de eventos, premios, estancias y formación del profesorado se hagan obligatoriamente por medios electrónicos. Las solicitudes se presentan en el Registro Electrónico General y las notificaciones se consultan en la Dirección Habilitada Única.

Crea en el Ministerio de Educación y Formación Profesional una comisión de trabajo para coordinar la atención educativa del alumnado procedente de Ucrania en educación no universitaria y formación profesional. La comisión reúne a representantes del ministerio y sirve de enlace con las comunidades autónomas.

Establece que las comunicaciones y notificaciones en los procedimientos de convocatorias de programas de movilidad y formación del profesorado de la acción educativa exterior se harán por medios electrónicos. Regula la identificación y firma, el punto de acceso y la subsanación si no se usan medios electrónicos.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Junta de Andalucía contra un artículo del Real Decreto 498/2020, que atribuía al Ministerio de Educación funciones sobre convocatorias autonómicas de formación profesional para el empleo. La sentencia anula ese inciso por invadir competencias autonómicas de ejecución en materia laboral.

Establece las reglas para solicitar, renovar y suscribir conciertos educativos en Ceuta y Melilla desde el curso 2021/2022. Abarca el segundo ciclo de educación infantil, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico.

Modifica la orden que crea la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional para adaptarlas a la nueva estructura de departamentos ministeriales. Regula la designación de sus miembros y cómo se tramitan los expedientes ya iniciados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el artículo 5.3, letra a) del Real Decreto 498/2020, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

Crea la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La comisión analiza y evalúa la evolución e impacto de la pandemia en la educación no universitaria y la formación profesional, y elabora recomendaciones en coordinación con las autoridades sanitarias y las comunidades autónomas.

Publica los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para el inicio y desarrollo del curso 2020-2021 en la enseñanza no universitaria. Estos acuerdos buscan retomar la actividad lectiva presencial con garantías frente a la COVID-19.

Establece las bases reguladoras de las becas para la formación especializada en áreas y materias educativas que gestiona el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Regula los requisitos de los beneficiarios, el procedimiento de concesión, la dotación de las becas y los derechos y obligaciones de quienes las reciben. Sustituye las bases anteriores de 2017.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.