Buscar en el BOE

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para su administración electrónica. Fija principios, responsables y obligaciones para proteger la información y los sistemas, conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Regula la concesión directa de tres subvenciones a la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, a NOVACT y a la Associació PEN Català para actividades culturales de interés público. Se conceden sin convocatoria pública por razones de interés público y social.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

Modifica la Orden TMS/368/2019, que regula la oferta formativa de las administraciones competentes en formación profesional para el empleo y las bases para conceder subvenciones públicas que la financian. Actualiza ese marco para adecuarlo a la Ley 3/2023, de Empleo.

Actualiza los formularios estadísticos (anexos 2.I a 2.IV) que se presentan al registrar convenios colectivos y acuerdos de trabajo. Estos formularios recogen los datos para elaborar la estadística de convenios colectivos. La hoja de los planes de igualdad (anexo 2.V) no cambia.

Crea el Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad y regula cómo se compone, qué funciones tiene y cómo funciona. Sustituye al anterior Comité Antifraude y se enmarca en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Actualiza normas sobre la formación programada en las empresas y sobre subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. Mantiene la concesión directa de subvenciones a corporaciones locales por contratar personas desempleadas en proyectos de garantía de rentas del Programa de Fomento del Empleo Agrario y la suprime para las destinadas a generar empleo estable. Extiende ese régimen a una nueva ayuda por asistencia diaria a acciones formativas de determinados colectivos desempleados.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece ayudas y bonificaciones para abaratar el transporte público: descuentos en abonos y títulos multiviaje de autobuses y trenes, ayudas a comunidades y ayuntamientos para el transporte urbano e interurbano, y medidas para Cercanías de Asturias y Cantabria.

Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a personas migrantes menores de edad no acompañadas. Regula la entidad beneficiaria, las actuaciones financiadas, la cuantía, el pago, la justificación y el control del gasto.

Regula la concesión directa de una subvención a Gasol Foundation para desarrollar y ampliar la metodología del programa FIVALÍN, dirigido a actuar frente a la obesidad infantil. Establece la entidad beneficiaria, las actuaciones financiadas, los gastos subvencionables, la cuantía, el pago, la justificación y las obligaciones de la entidad.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

Desarrolla el régimen del contrato formativo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Regula sus dos modalidades: el contrato de formación en alternancia, que combina trabajo retribuido con formación, y el contrato para la obtención de práctica profesional tras terminar los estudios. Fija duración, jornada, retribución, tutorización y plan formativo.

Adopta medidas urgentes complementarias para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Incluye el destino del superávit presupuestario de Canarias a ayudas, cambios en el IRPF, la suspensión de pagos de préstamos y créditos, y la modificación de normas anteriores de apoyo.

Crea la sede electrónica del Instituto de la Juventud (INJUVE), con la dirección https://injuve.sede.gob.es. A través de ella se harán los trámites y servicios del organismo que requieran identificación electrónica de la ciudadanía o de la Administración.