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Actualiza en 2022 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Modifica el anexo I del Real Decreto 550/2014, que fija los requisitos para ser reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) en el sector agroalimentario. Revisa los volúmenes de facturación exigidos para obtener ese reconocimiento.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para restringir el uso de anilina en juguetes y sus componentes. La anilina está clasificada como carcinógena y mutágena de categoría 2.

Fija los valores de la retribución a la operación para el segundo semestre de 2021 de determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, cogeneración y residuos. También regula la liquidación del régimen retributivo específico y deroga normas anteriores.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que recoge las aplicaciones exentas de la prohibición de usar ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza esas exenciones para adaptarlas al progreso científico y técnico y para incorporar varias directivas europeas.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para actualizar la lista de fragancias alergénicas prohibidas y las que deben etiquetarse. La norma adapta la regulación española a los dictámenes científicos europeos sobre alérgenos en juguetes.

Modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Actualiza las exenciones aplicables a productos sanitarios y equipos de vigilancia y control, adaptándolas al progreso científico y técnico de la Unión Europea.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a la digitalización de contenidos editoriales y aprueba la convocatoria de 2022. Estas ayudas se financian con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a pequeñas y medianas empresas del sector del libro (editoriales, distribuidoras, librerías y artes gráficas) para modernizar sus sistemas de gestión. También aprueba la convocatoria de estas ayudas para el año 2022, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, que regula los productos fertilizantes. Adapta la norma nacional al Reglamento (UE) 2019/1009, que se aplica desde el 16 de julio de 2022 y sustituye al Reglamento (CE) 2003/2003 sobre abonos.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2022 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

Actualiza los anexos del Reglamento general del registro de variedades comerciales y de varios reglamentos técnicos de control y certificación de semillas de cereales, forrajeras y sorgo. Incorpora al ordenamiento español la Directiva de Ejecución (UE) 2021/746, que adapta los protocolos de examen de variedades vegetales.

Actualiza en 2021 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Permite vender plátanos de La Palma con daños en la piel causados por la ceniza del volcán de Cumbre Vieja, sin cumplir los límites de defectos superficiales de la norma europea de comercialización. Se aplica de forma temporal y también permite destinar el producto a distribución gratuita, restauración u otras salidas.

Establece cómo calcular y refacturar los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la red eléctrica del año 2013, tras varias sentencias del Tribunal Supremo. Fija el ámbito de aplicación, la información que deben enviar las comunidades autónomas y la metodología para determinar los costes.