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La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Concede un crédito extraordinario de 539.000 euros en el presupuesto de Navarra de 2024 para atender gastos de varios departamentos sin partida adecuada. Ese importe se financia con cargo a créditos disponibles de otras partidas. También cambia la denominación de varias partidas de los presupuestos de 2024.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para financiar gastos frente a la sequía y la emergencia climática. También modifica dos decretos ley anteriores y regula la financiación de ese suplemento.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

Establece cómo funcionan las Conferencias Sectoriales, reuniones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Detalla cómo se levantan actas y certificaciones de los acuerdos, permite celebrar varias conferencias a la vez y fija reglas de planificación, información pública y seguimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

La Junta Electoral Central fija cómo deben comunicarse las encuestas sobre intención de voto que hagan organismos públicos durante periodos electorales. Deben avisar a la Junta antes de empezar el trabajo de campo y poner los resultados a disposición de los partidos que se presentan.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

Modifica el Real Decreto 987/2021 para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo de ejecución de las ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para reforzar la conectividad en centros públicos de referencia, dentro del Plan de Recuperación. El cambio se debe a la modificación del calendario de hitos del Plan aprobada por la Comisión Europea.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia: qué bienes y derechos lo forman, cómo se adquieren, usan, protegen y venden, y cómo se gestionan sus edificios. Incluye el procedimiento para declarar a la Comunidad heredera cuando alguien muere sin testamento.

Aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de Administración Pública. La norma actualiza y armoniza la versión en euskera de la ley de 1983, sin cambiar su contenido. Regula el régimen jurídico, la organización y los medios económicos del Instituto.