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La ley foral aprueba medidas extraordinarias en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la contratación pública, las subvenciones, los centros sociosanitarios, los recursos para víctimas de violencia de género, la vivienda protegida y aspectos fiscales como la suspensión de plazos y el aplazamiento de deudas tributarias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece las instrucciones sobre el contenido, estructura y formato del informe resumen de control interno que elaboran los órganos de control de las entidades locales. También regula cómo solicitar a la Intervención General del Estado el informe previo a la resolución de discrepancias y cómo remitir la información contable y los informes de auditoría de cuentas anuales.

Actualiza la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que fijan el coste de financiación del Estado para las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. Los precios se tomaron el 1 de abril de 2020.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley de Coordinación de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid. El asunto pasa a la Sala Primera y se abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al pedir préstamos o contratar derivados. Los precios se tomaron el 2 de marzo de 2020.

El Tribunal Supremo estima un recurso del Ministerio Fiscal y fija doctrina: los contratos de colaboración social firmados antes del 27 de diciembre de 2013 y vigentes al 31 de diciembre de 2014 siguen siendo válidos, sea la actividad temporal o permanente, y no se consideran contratos laborales.

La ley cambia el nombre del municipio de Lumbreras, en La Rioja, que pasa a llamarse Lumbreras de Cameros. Las referencias al nombre anterior se entenderán hechas al nuevo. El cambio es efectivo desde su anotación en el Registro de Entidades Locales del Estado y su publicación en el BOE.

El Tribunal Constitucional acepta el desistimiento del Abogado del Estado en el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley 21/2018, de Mancomunidades de la Comunidad Valenciana. Declara extinguido el proceso.

Amplía cuatro meses, hasta el 31 de octubre de 2020, el plazo para terminar las obras y servicios de proyectos de empleo aprobados e iniciados en 2019 en Ceuta y Melilla. Estos proyectos contratan a personas desempleadas para trabajos de interés general y social.

Prolonga la vigencia del Plan de Inversiones Locales 2017-2019 de Navarra hasta que se apruebe uno nuevo, y cambia las reglas sobre retrasos en las obras y en la justificación de su finalización. Establece penalidades económicas para las entidades locales que se retrasen.

Actualiza la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben respetar esos límites al pedir préstamos o contratar derivados. Los precios se tomaron el 3 de febrero de 2020.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley Foral 23/2018, de policías de Navarra. Declara nulos los preceptos que permiten a una entidad supramunicipal ejecutar competencias de policía local, atribuir a auxiliares de policía la condición de agentes de la autoridad y que los entes locales acuerden la excepción de uniformidad.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Establece cómo los órganos de intervención de las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas, por vía telemática, información sobre el control interno que realizan. Sustituye la instrucción anterior de 2015 y adapta el envío al Real Decreto 424/2017.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.