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Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Concede de forma directa una subvención a la Asociación Red Innpulso-Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (ARINN) para gastos de funcionamiento. La norma fija la entidad beneficiaria, los gastos cubiertos, la cuantía, el pago, la justificación y las obligaciones de la asociación.

Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para financiar actividades formativas en el «Espacio Valdeavellano». La subvención cubre gastos de funcionamiento de esas actividades, en colaboración con el INAP.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al firmar operaciones de endeudamiento y derivados.

Modifica la Ley Foral de la Administración Local de Navarra para añadir un apartado al artículo 338. El Tribunal Administrativo de Navarra deberá publicar las resoluciones de los recursos de alzada que tramite, respetando las normas de protección de datos, en un plazo máximo de una semana desde la notificación a los interesados.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste máximo de las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. La tabla recoge datos del 8 de abril de 2026 y se aplica según la vida media de cada operación.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 15/2025. Esa disposición modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales.

Añade una disposición adicional al texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña. Según esta, la legislación general de régimen local solo se aplica a Arán y a su Consejo General cuando no exista una regulación específica para ellos.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

Disuelve la entidad local menor de Santa Lucía, en el municipio de Ocón (La Rioja), a petición de sus vecinos. El Ayuntamiento de Ocón asume el personal y todos los derechos y obligaciones de la entidad disuelta.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al endeudarse para cumplir el principio de prudencia financiera.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.