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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al pedir préstamos o contratar derivados. Los precios se tomaron el 1 de septiembre de 2020.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar la información sobre su esfuerzo fiscal de 2018 a las Delegaciones de Economía y Hacienda, con datos de recaudación y bases de varios impuestos locales. Fija el 31 de octubre de 2020 como fecha límite y permite presentarla en papel o por vía telemática con firma electrónica.

Regula el Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, un fondo con el que la comunidad autónoma aporta dinero a los municipios. Establece quiénes pueden recibirlo, cómo se fija su dotación y con qué criterios se reparte entre los ayuntamientos.

Aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, que reúne y ordena en un solo texto las normas sobre la Ertzaintza y las policías locales. Regula la organización policial, la selección de personal y el régimen estatutario de los funcionarios de policía.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Modifica la Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana en materia de reserva de plazas para mujeres en las convocatorias de la escala básica. Cambia el artículo 41 y las disposiciones transitorias séptima y decimocuarta.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Actualiza la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que fijan el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al pedir préstamos o contratar derivados. Si el coste máximo resulta negativo en préstamos, se pueden firmar al 0 %.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.

Modifica las bases de las ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón. Cambia qué órganos tramitan estas ayudas y actualiza el nombre del organismo que las gestiona.

Actualiza la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que fijan el coste de financiación del Estado para cada plazo. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Establece medidas para hacer frente a la COVID-19 en Cataluña: control y publicidad de los pagos por adelantado de suministros, ayudas directas para planes de reactivación socioeconómica en empleo, una línea extraordinaria de formación, ayudas al mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos, apoyo a la economía social y medidas de movilidad para la campaña agraria.

Actualiza la tabla de tipos de interés y diferenciales máximos que marcan el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al pedir préstamos o contratar derivados. Los precios se tomaron el 1 de junio de 2020.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Establece las normas para conceder directamente una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar los gastos de funcionamiento de su actividad. Regula el procedimiento, la cuantía, las obligaciones de la beneficiaria y la justificación y el pago.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.