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Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Modifica la norma que regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores profesionales de transporte por carretera. Permite usar el aula virtual para parte de los cursos de cualificación inicial y cambia el control de asistencia a los cursos del certificado de aptitud profesional (CAP).

Actualiza los modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sustituye la referencia al CNAE 2009 por el CNAE 2025, adapta la nota 12 de la memoria a la exención fiscal de la Ley 7/2024 e incluye un modelo de información por países del impuesto de sociedades.

España se adhiere al Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012, que aplica las normas de seguridad del Protocolo de Torremolinos a los buques pesqueros. Con una declaración, España concreta cómo aplicará esas normas a los buques de pesca de 24 metros de eslora o más.

Modifica la parte A del Código de Formación de la gente de mar para regular los títulos y refrendos en formato electrónico. Permite que estos documentos no lleven sello oficial, fotografía ni firma del marino.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Aprueba las tarifas que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda cobrará por elaborar licencias y copias comunitarias de transporte, certificados de transporte y tarjetas de transporte para las administraciones públicas. Las tarifas se aplican por millar de documentos y no incluyen IVA.

Fija los contenidos mínimos de los cursos de formación sanitaria para las personas que trabajan en el mar y las condiciones para expedir y homologar el certificado correspondiente. Regula qué personas deben tener ese certificado, qué requisitos deben cumplir los centros y el profesorado, y cómo se registran y actualizan los certificados.

Regula cómo se deposita, devuelve y ejecuta la garantía que exige la Unión Europea para los certificados de importación y exportación de productos agroalimentarios. Sustituye a una orden de 1986 y fija las formas de constituir esa garantía ante la Dirección General de Política Comercial.

Modifica el Convenio TIR, que regula el transporte internacional de mercancías con cuadernos TIR. Cambia notas explicativas sobre litigios en la cadena de garantía y sobre acuerdos entre la organización internacional y las asociaciones nacionales. También amplía de dos a tres años la validez del certificado de aprobación de vehículos.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Regula el certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Establece cuándo es obligatorio, cómo se expide y su contenido, características y plazo de validez. Deroga la normativa anterior sobre esta materia.

Modifica las normas técnicas de los vehículos especiales que transportan alimentos a temperatura regulada. Amplía el plazo para aplicar en Canarias los ensayos de control de isotermia de los vehículos en servicio.

Establece un coeficiente de corrección que aumenta los ahorros energéticos certificados en actuaciones que reducen mucho las emisiones de CO₂. Fija un límite anual del 15 % de las obligaciones que se pueden liquidar con certificados de ahorro energético y ordena las solicitudes por fecha de presentación.

Aprueba un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que sustituye al de 1995. Define qué vehículos pueden clasificarse como históricos, regula los trámites para clasificarlos o matricularlos, las reformas y piezas, la circulación y el uso, los servicios técnicos que los revisan y las infracciones.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.