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Regula el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Estos funcionarios pueden identificar y firmar electrónicamente en nombre de las personas interesadas que no dispongan de medios electrónicos propios. La orden fija los órganos competentes, la inscripción, el contenido y el funcionamiento del registro.

Regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Establece cómo se inscriben, aceptan, revocan y renuevan los poderes que una persona da a otra para hacer trámites en su nombre ante la Administración. También aprueba los modelos de poderes.

Crea la División para la Coordinación y Seguimiento de la Aplicación de la Normativa Medioambiental dentro de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La norma fija sus funciones de seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental y climática en la ejecución de las políticas públicas.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Fija el calendario de días inhábiles de 2022 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye sábados, domingos, festivos nacionales y los festivos de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE O.A.), adscrito al Ministerio del Interior. Regula sus funciones, órganos de gobierno, personal, patrimonio, recursos económicos y los procedimientos para enajenar, adquirir y permutar bienes inmuebles.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas (monedas distintas del euro). Establece los procedimientos según si la obligación se contrajo en euros o en divisas, la información sobre los pagos y los reintegros al Tesoro Público.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. La estrategia ordena cartografiar los ecosistemas y elaborar programas de trabajo para conservar la biodiversidad y restaurar ecosistemas degradados.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.