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Determina la naturaleza, la estructura y las funciones de la Intervención General de la Seguridad Social. Crea una subdirección general específica para el control financiero permanente y reparte las tareas entre varias subdirecciones generales y unidades territoriales.

Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado, que regula su organización, sus competencias y su forma de funcionar. Sustituye al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado de 2003 y desarrolla la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta el nivel de subdirección general. También modifica normas sobre la Abogacía General del Estado, el Centro de Estudios Jurídicos y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

Modifica la estructura orgánica del Ministerio de Universidades para crear una unidad que asuma las competencias internacionales y adaptar el ministerio al aumento de trabajo en internacionalización, reconocimiento de universidades privadas y gestión de ayudas.

Actualiza la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y de la Abogacía General del Estado. Corrige el reparto de funciones entre sus centros directivos y aclara el régimen de tratamiento de datos y de servicios digitales. También modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado y regula la inspección de sus servicios. También fija normas sobre el personal que trabaja en ella, incluidos los Abogados del Estado.

Modifica el Real Decreto 682/2021 para reorganizar la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajusta las competencias y la organización de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, la Secretaría General de Fondos Europeos y la Secretaría de Estado de Función Pública.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.