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Establece un acuerdo de colaboración entre ONU-Habitat y la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha para cooperar en desarrollo urbano sostenible y lucha contra la despoblación. Se apoya en la Nueva Agenda Urbana y en la Ley 2/2021 de Castilla-La Mancha sobre despoblación y desarrollo rural.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

Esta orden establece cómo se clasifican los fondos de pensiones según su política de inversión. Fija una definición para cada tipo de fondo en un anexo y regula los criterios de clasificación y la información que reciben los partícipes.

Crea el Comité de Inversiones Estratégicas y regula los criterios y el procedimiento para declarar Proyectos Estratégicos de Inversión. La norma fija las condiciones de elegibilidad, las fases de la declaración previa y definitiva, el seguimiento y la posible revocación.

Modifica las cláusulas 7 y 8 del acuerdo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto Universitario Europeo sobre financiación de ayudas a investigadores del programa de doctorado. Fija una duración inicial de cinco años, prorrogable por periodos anuales, y establece un sistema de arbitraje para resolver controversias.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Aragón contra varios artículos y una disposición final de la Ley 10/2025, que regula los servicios de atención a la clientela. El recurso cuestiona también la modificación que esa ley hace de la Ley 44/2002 sobre reforma del sistema financiero.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la financiación por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de hasta doce ayudas de doctorado por curso en el Instituto Universitario Europeo (IUE), para investigadores con nacionalidad o residencia legal en España. Las ayudas duran tres años y el IUE gestiona su pago mensual.

Modifica el Real Decreto 1012/2015 para adaptar el cálculo del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) de los grupos bancarios de importancia sistémica mundial con estrategia de resolución basada en una activación múltiple (MPE). Incorpora así al derecho español la modificación de la Directiva 2014/59/UE hecha por el Reglamento (UE) 2022/2036.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Crea el Consejo de la Productividad de España, un órgano que analiza y evalúa las políticas públicas que afectan al crecimiento de la productividad. Regula su composición, presidencia, secretaría, funciones y forma de funcionamiento, y prevé un informe anual.

Regula cómo se representan, registran y transmiten los valores negociables (acciones, bonos y otros instrumentos financieros), cómo se admiten a negociación en mercados regulados y cómo funcionan las ofertas públicas de venta o suscripción. También ordena los centros de negociación y los sistemas de compensación, liquidación y registro.

Desarrolla las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) previstas en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Regula los registros oficiales de la CNMV, la cooperación con otras autoridades nacionales y de la Unión Europea y la supervisión de las empresas de servicios de inversión.