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Modifica la protección por desempleo de nivel asistencial para simplificarla y mejorar su acceso, y regula nuevos permisos de conciliación familiar, como un permiso parental hasta los ocho años del menor y cambios en el permiso de lactancia.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Modifica el Reglamento de Extranjería para adaptar las autorizaciones de trabajo de personas extranjeras al nuevo marco de contratación laboral. Actualiza figuras como el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura y crea una unidad para tramitar expedientes de extranjería.

Modifica el Real Decreto 1383/2008 para reorganizar las competencias de las subdirecciones generales del Servicio Público de Empleo Estatal. También actualiza el nombre de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y adapta referencias a normas y a la estructura ministerial vigente.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el reglamento que regula cómo se imponen las sanciones por infracciones de orden social y cómo se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Regula la reducción del importe de la sanción si la persona responsable reconoce la infracción y renuncia a alegaciones y recursos, y restaura la competencia para sancionar ciertas infracciones de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica las normas de organización de cuatro organismos públicos del Ministerio de Trabajo: el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Añade la abreviatura «O.A.» a sus nombres y adapta la composición del Consejo Rector de la Inspección a la nueva estructura ministerial.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior.