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Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.

La Resolución regula cómo se retoma la formación presencial para el empleo que se había suspendido por el estado de alarma del COVID-19. Establece las condiciones para reanudar esa formación en empresas, centros de formación y programas públicos, de acuerdo con el Plan de transición a la nueva normalidad.

Establece cómo se pide el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas empleadas de hogar afectadas por el COVID-19. Fija el formulario, la declaración del empleador, los canales de presentación y el plazo de solicitud.

Establece cómo pedir el subsidio excepcional por desempleo para personas cuyo contrato temporal de al menos dos meses terminó tras el estado de alarma y que no tienen cotizaciones suficientes. Fija el formulario, el plazo de solicitud y las condiciones para cobrarlo.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Amplía el plazo máximo para ejecutar las obras de dos a cuatro años y fija en cuatro meses el plazo para justificar las subvenciones.

Amplía cuatro meses, hasta el 31 de octubre de 2020, el plazo para terminar las obras y servicios de proyectos de empleo aprobados e iniciados en 2019 en Ceuta y Melilla. Estos proyectos contratan a personas desempleadas para trabajos de interés general y social.

Modifica la Resolución de 12 de abril de 2004 del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el reintegro de subvenciones. Establece que no se liquida el interés de demora cuando la cantidad resultante sea inferior a 6 euros.