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Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

España notifica al Consejo de Europa que la Fiscalía Europea se considera autoridad judicial en el marco del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal y sus dos Protocolos Adicionales. La declaración fija cómo se interpretan las solicitudes de asistencia judicial que emite o recibe la Fiscalía Europea.

Fija la fecha de entrada en funcionamiento de nueve juzgados de la programación de 2023 y cambia la fecha de tres juzgados en Canarias, que pasa del 30 de junio al 30 de septiembre de 2024. También establece cuándo son efectivas las agrupaciones para ampliar la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Aprueba el nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, que sustituye al de 2003. Fija cómo se calculan y cobran sus derechos en los distintos órdenes judiciales y actuaciones. Establece un máximo de 75.000 euros por asunto y elimina los mínimos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación en justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Modifica el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Regula la inscripción, el acceso, la cancelación y la certificación de datos, e incorpora la comprobación automatizada de antecedentes.