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Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de obras, las personas beneficiarias y el régimen de las viviendas construidas.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

El decreto-ley declara la emergencia habitacional en Canarias y establece medidas para aumentar el suelo y las edificaciones disponibles para vivienda. Incluye cambios de uso de locales y parcelas a residencial, división de viviendas, promoción de vivienda protegida y agilización de trámites urbanísticos.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de las obras, las personas beneficiarias y el régimen de adjudicación de las viviendas.

Actualiza los tipos de interés anuales que se aplican a los préstamos cualificados o convenidos de los planes estatales de vivienda 1996-1999 (programa 1997), 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Los nuevos tipos son el 3,79 %, el 5,38 % y los que resulten para los otros dos planes.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Crea la figura de la vivienda de precio limitado en las Illes Balears, con un precio máximo de compraventa y de alquiler. Regula sus condiciones, crea un registro autonómico de estas viviendas y modifica varias normas de urbanismo, turismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Andalucía contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso afecta a una parte concreta de esa ley, no a su totalidad.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra varios artículos y una disposición final de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. El recurso cuestiona preceptos concretos de esa ley ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Revisa los tipos de interés anuales de préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1996-1999, 2002-2005 y 2005-2008. Fija un tipo del 2,50 % para el Programa 1996, del 2,96 % para el Plan 2002-2005 y modifica el del Plan 2005-2008.

La ley regula las viviendas colaborativas en la Comunitat Valenciana: define qué son, fija requisitos de edificación y habitabilidad, establece derechos y deberes de usuarios y entidades titulares, y prevé medidas de fomento y un régimen sancionador.