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Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para facilitar la creación de suelo destinado a vivienda protegida. Permite implantar viviendas públicas de protección en suelos vacantes de la red de servicios y de equipamiento, reduciendo cargas urbanísticas en esos procesos.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El decreto-ley declara la emergencia habitacional en Canarias y establece medidas para aumentar el suelo y las edificaciones disponibles para vivienda. Incluye cambios de uso de locales y parcelas a residencial, división de viviendas, promoción de vivienda protegida y agilización de trámites urbanísticos.

Establece medidas urgentes para construir y adjudicar vivienda protegida en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Regula la cesión de suelo, la ejecución de las obras, las personas beneficiarias y el régimen de adjudicación de las viviendas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Actualiza la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Bilbao. Incorpora al dominio público portuario nuevos terrenos y zonas de defensa, y ajusta los usos en varias áreas del puerto.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Gandía, fijando su zona de servicio terrestre y de agua. Incluye la desafectación de la playa de Venecia, que pasa a ser dominio público marítimo-terrestre.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2020 de la Comunidad de Madrid, que modificó la Ley del suelo para impulsar la actividad urbanística. El proceso se extingue porque ha perdido sobrevenidamente su objeto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Declara nulos parcialmente varios preceptos autonómicos que permiten la edificación residencial en suelo rústico, la desafectación de vías pecuarias y la exención de licencia urbanística a los usos mineros.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Establece medidas territoriales y urbanísticas para recuperar la isla de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja. Regula las zonas cubiertas por lava según su espesor, los usos permitidos, la dotación de servicios y la reconstrucción de edificaciones.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Establece medidas temporales y urgentes para proteger el paisaje de La Rioja frente a la instalación de grandes proyectos de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable. Regula la tramitación de estas instalaciones para evitar su implantación sin planificación previa.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.