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Crea la Agencia Nacional Española para gestionar los capítulos de juventud y deporte del programa Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Regula su composición, presidencia, dirección, Consejo Rector, Comisión Técnica y secretaría, y deroga la orden de 1995 que creó la agencia anterior.

Modifica la normativa sobre los estudios de doctorado para adaptarla a la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Cambia el Real Decreto 99/2011, el Real Decreto 1002/2010 sobre títulos universitarios y el Real Decreto 641/2021 sobre subvenciones a universidades públicas. Incluye reglas transitorias para quienes ya cursan el doctorado.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece cómo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social controla la jornada laboral de los conductores del transporte por carretera. Regula los controles en carretera y en las empresas, la información que se comparte y la coordinación con otros países de la Unión Europea.

Establece las bases para conceder subvenciones entre 2021 y 2027 en el marco del Programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad. Regula quién puede solicitarlas, cómo se presentan, los criterios de concesión, los pagos, la publicidad y el reintegro. La Agencia Nacional Española del programa se integra en el Instituto de la Juventud (INJUVE).

Establece las bases para conceder subvenciones del capítulo de Juventud del Programa europeo Erasmus+ durante el período 2021-2027. La Agencia Nacional Española, integrada en el INJUVE, gestiona estas ayudas para actividades financiadas por la Comisión Europea.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La unidad coordina la actuación de la inspección frente al fraude en desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

Establece las bases para conceder subvenciones en 2020 dentro del Programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad, que promueve el voluntariado y la participación de jóvenes y organizaciones en actividades de solidaridad. Fija requisitos, criterios de concesión, pagos y control de las ayudas.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para incluir el reconocimiento automático de cualificaciones profesionales obtenidas en Croacia antes del 8 de octubre de 1991. Con ello completa la incorporación de la Directiva europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.