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El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento para revisar y elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional. El texto fija quién la elabora y cómo se organiza el trabajo.

Aprueba la adaptación del Procedimiento de Operación 4.0 sobre la gestión de las interconexiones internacionales de electricidad a la normativa europea. El procedimiento regula el cálculo de la capacidad de intercambio en las fronteras con Francia, Portugal, Marruecos y Andorra.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de una ley de Castilla y León que creó un impuesto autonómico sobre el riesgo ambiental de las centrales nucleares. La sentencia declara nulo ese precepto porque coincide con el impuesto estatal sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Administración del Estado contra la Orden IET/981/2016, que fijaba la retribución de las empresas de transporte de energía eléctrica para 2016. Anula los valores de Retribución Inversión y Retribución Total de Red Eléctrica de España S.A. y ordena sustituirlos por nuevos cálculos.

Establece los requisitos técnicos para conectar a la red eléctrica las instalaciones de generación, las instalaciones de demanda y los sistemas de alta tensión en corriente continua. Desarrolla en España los códigos de red de conexión de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la Orden que fijaba los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas y la retribución de actividades reguladas para 2018. Declara nulo el artículo 5 de esa orden e impone las costas a las partes demandada y codemandadas.

Modifica la Circular 3/2020 para ampliar el plazo que tienen las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad para adaptar sus equipos de medida, sistemas de facturación y contratos a la nueva estructura de peajes de transporte y distribución. El nuevo plazo termina el 1 de abril de 2021.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece la metodología para calcular los peajes de acceso a las redes de transporte, a las redes locales y a las instalaciones de regasificación de gas natural. Fija cómo se reparten los costes entre los usuarios y qué servicios se cobran en cada punto de entrada y salida.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, que fija los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018. Declara nulo el artículo 5 de esa orden y rechaza el resto de pretensiones, sin imponer costas.

Establece las orientaciones de política energética que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe tener en cuenta al aprobar sus circulares normativas previstas para 2020. Entre ellas figuran las que fijan los valores de inversión y mantenimiento de instalaciones de transporte de gas natural y plantas de gas natural licuado para 2021-2026.

Regula los aspectos necesarios para aplicar en España los códigos de red europeos sobre conexión de generadores, instalaciones de demanda y sistemas de alta tensión en corriente continua. Fija umbrales de capacidad, reglas para instalaciones existentes y el procedimiento de notificación operacional.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.