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Modifica el reglamento que regula cómo se imponen las sanciones por infracciones de orden social y cómo se liquidan las cuotas de la Seguridad Social. Regula la reducción del importe de la sanción si la persona responsable reconoce la infracción y renuncia a alegaciones y recursos, y restaura la competencia para sancionar ciertas infracciones de Seguridad Social en el ámbito provincial.

Fija el final del pago diferido de cuotas a la Seguridad Social a través de asociaciones empresariales para tres sistemas especiales del Régimen General: frutas y hortalizas, conservas vegetales y manipulado de tomate fresco. Las empresas podrán usar esa modalidad hasta la cotización de diciembre de 2020.

Modifica el ámbito territorial de varias Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en Alicante, Gipuzkoa, Madrid y Zamora. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Los cambios surten efectos desde el 1 de enero de 2021.

Permite a los profesionales taurinos pagar hasta el 30 de septiembre de 2021 las cuotas de la Seguridad Social que resulten de la regularización definitiva de su cotización de 2019, en lugar de hacerlo en el mes siguiente a la notificación.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2020 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro contable al final del año.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Regula una forma de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social para comunidades autónomas, entidades locales y sus organismos dependientes. Sustituye los convenios con comunidades autónomas y la Orden de 9 de abril de 2001, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Reorganiza la estructura de la Tesorería General de la Seguridad Social y actualiza funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cambia de órgano la competencia de contratación, unifica dos subdirecciones en una nueva de afiliación, cotización y recaudación, y crea una subdirección de administración digital.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hasta el nivel de subdirección general y fija las competencias de cada órgano. Ordena las secretarías de Estado, direcciones generales, subsecretaría y secretaría general técnica del departamento.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza la información sobre contratación administrativa que debe figurar en la Memoria y regula el tratamiento contable de entidades mancomunadas y sociedades de prevención de las mutuas colaboradoras.

Modifica los límites de deuda con la Seguridad Social para aplazar pagos y para no exigir garantías. Eleva los importes que fijan qué órgano concede cada aplazamiento y sube las cuantías por debajo de las cuales no se piden garantías.

Cambia qué oficina decide las solicitudes para pagar a plazos las prestaciones de la Seguridad Social cobradas de forma indebida. Esa competencia pasa a las direcciones de administración de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General, para plazos de hasta 60 meses.