Buscar en el BOE

Publica la tarifa de último recurso de gas natural aplicable desde el 1 de octubre de 2022. El coste de la materia prima sube un 15 % respecto al vigente, en lugar del 200 % que resultaría de aplicar la metodología general.

Deja sin efecto las modificaciones temporales de las obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias y recupera las condiciones anteriores a la pandemia. También actualiza las tarifas de referencia de estas rutas.

Fija en 179,56 euros por MWh el precio medio de la energía para el tercer trimestre de 2022. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan grandes consumidores en los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Fija en 188,65 euros por MWh el precio medio de la energía para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en el segundo trimestre de 2022. Este servicio lo prestan consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA aplicará por trabajos de preservación digital e ingesta de documentación electrónica encargados por entidades del sector público estatal. También deroga las tarifas anteriores de custodia digital e indexación de archivos electrónicos.

Fija los precios públicos que se cobran por usar los servicios y actividades del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), dependiente del Instituto de la Juventud. Sustituye la resolución anterior de 2014 y regula las tarifas, el pago, las reservas y las cancelaciones.

Actualiza las tarifas de 2019 que TRAGSA y TRAGSATEC aplican a los encargos de las entidades públicas para las que son medio propio personificado. Fija nuevos porcentajes de costes indirectos y gastos generales, y revisa los coeficientes para actualizar precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de abril de 2022, con un término fijo mensual y un término variable por kWh según el consumo anual del hogar. También fija los precios del gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Fija las tarifas por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (tasas de ruta) aplicables desde el 1 de enero de 2022 en los espacios aéreos españoles y en otros Estados participantes, y establece el tipo de interés por mora en el pago de estas tarifas.

Pone en marcha en Navarra la aplicación telemática con la que el comercializador de referencia comprueba si quien solicita el bono social cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable. La aplicación se aplica desde el día siguiente a la publicación de la resolución y su uso es obligatorio desde esa fecha.

Fija la tarifa anual que los establecimientos de hostelería deben pagar a la entidad de gestión EGEDA por emitir contenidos audiovisuales en sus locales. La cuantía depende de la superficie del local y de si los contenidos son de acceso condicional o de acceso abierto.