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Regula las subastas para fijar el precio del combustible que usan las centrales eléctricas en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. También autoriza nuevos combustibles (gas natural, gasóleo y gases licuados del petróleo) y fija valores de referencia para calcular la retribución adicional de esas instalaciones.

Establece los principios y la metodología para calcular y contabilizar los ahorros de energía final en España, conforme a la Directiva europea de eficiencia energética. Separa la contabilización en dos periodos independientes: 2014-2020 y 2021-2030.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural para consumidores con consumo anual igual o inferior a 50.000 kWh, en vigor desde el 1 de enero de 2023. También regula el cálculo de la nueva tarifa aplicable a comunidades de propietarios.

Aprueba los perfiles de consumo y el método de cálculo para liquidar la energía en el mercado eléctrico de los consumidores tipo 4 y tipo 5 que no tienen registro horario de consumo. Se aplica desde el 1 de enero de 2023.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Declara nulo en parte ese precepto porque ampliaba el hecho imponible del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras al equiparar autorizaciones administrativas distintas.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 17/2022, que adopta medidas urgentes en materia de energía. Incluye cambios en el régimen retributivo de las instalaciones de cogeneración y una bajada temporal del IVA de determinados combustibles.

Aprueba el procedimiento para gestionar el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. Estas garantías son documentos electrónicos que acreditan ante el consumidor final que una cantidad de gas se ha producido a partir de fuentes renovables.

Establece las bases para conceder ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria, que promueven y dinamizan comunidades energéticas. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos europeos.

Fija en 152,79 euros por MWh el precio medio de la energía que se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en el cuarto trimestre de 2022. Este servicio lo prestan consumidores eléctricos de los territorios no peninsulares.

Establece la lista de estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, según su volumen de ventas de gasolina y gasóleo en 2019. También fija las excepciones e imposibilidades técnicas para cumplir esa obligación y el procedimiento para aprobar los listados de 2023 y años posteriores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6 bis, apartado 4, de la Ley del sector eléctrico canario. Quienes sean parte en el procedimiento judicial de origen pueden personarse ante el Tribunal en el plazo de quince días desde la publicación.

La orden regula el procedimiento para que los titulares de vehículos que usan gasóleo profesional puedan recuperar parte del Impuesto sobre Hidrocarburos. Establece un censo de beneficiarios, tarjetas-gasóleo, registro de suministros y la devolución mensual. También modifica la orden que regula la devolución para agricultores y ganaderos.

Publica la tarifa de último recurso de gas natural aplicable desde el 1 de octubre de 2022. El coste de la materia prima sube un 15 % respecto al vigente, en lugar del 200 % que resultaría de aplicar la metodología general.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.