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Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Establece un marco general en toda España para aportar nutrientes a los suelos agrarios de forma sostenible. Regula el registro de las operaciones en el cuaderno de explotación, el plan de abonado, los límites de metales pesados y las condiciones de uso de estiércoles, residuos y agua de riego.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Regula la planificación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de Galicia, así como el acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica y su gestión y conservación. Establece instrumentos de planificación, desarrollo y ejecución, y un régimen sancionador.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula un inciso del Real Decreto 855/2021 que modificaba el Estatuto de SEPES. El inciso anulado atribuía a SEPES la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y la reforma de espacios públicos e inmuebles públicos.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que establece medidas urgentes en materia urbanística y económica para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el contenido de ese decreto anterior.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

La ley regula el desarrollo rural en el País Vasco. Define zonas rurales, crea instrumentos de planificación (programas territoriales, comarcales y planes locales) y establece cómo se organiza y financia la cooperación entre instituciones y agentes locales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana sobre dos disposiciones transitorias de la normativa valenciana de ordenación del territorio y urbanismo. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Adapta las medidas tributarias excepcionales aprobadas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica al Decreto-ley 1/2022, que regula la construcción y reconstrucción de viviendas habituales afectadas. Incluye medidas sobre transmisión de parcelas y ejecución de obras, y suprime la tasa del Carné Joven.

Suspende la aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. La suspensión dura hasta que se apruebe una nueva directriz de suelo no urbanizable, con un máximo de seis meses. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2022.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.