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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso que fija una sanción mínima de 5.000 euros por superar el límite de gastos electorales. La nulidad se extiende a otros preceptos de la misma ley que establecen sanciones mínimas similares.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley de presupuestos de Castilla-La Mancha de 2020 que suprimió la obligación del Gobierno regional de informar trimestralmente al Parlamento sobre subvenciones directas. La sentencia analiza si esa supresión respeta los límites materiales de las leyes de presupuestos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra una deducción autonómica asturiana en el IRPF para subvenciones y ayudas de la Covid-19 a sectores afectados. La sentencia anula ese precepto porque la comunidad autónoma no puede crear deducciones que afecten al desarrollo de actividades económicas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Foro Español de la Familia contra el Real Decreto 681/2019, que regula subvenciones directas a la estructura central de entidades del Tercer Sector de Acción Social. La sentencia declara que el real decreto no es conforme a Derecho por no incluir a esa entidad como beneficiaria ni fijar su importe, y le reconoce el derecho a recibir la subvención.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto 130/2019, que regula la base de datos nacional de subvenciones. Anula el precepto que obligaba a incorporar a esa base los datos de subvenciones suministrados por los órganos legislativos.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 617/2017, que regulaba las ayudas del Plan Movea 2017 para comprar vehículos de energías alternativas y para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos. La sentencia anula varios artículos de esa norma.