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Regula y coordina los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Cantabria. Establece sus funciones, competencias de las administraciones, coordinación, organización territorial, formación, acceso y condiciones laborales del personal, derechos y deberes, régimen disciplinario y financiación.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2021, que recoge medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que establece la organización y los procedimientos para responder a un posible maremoto en las costas españolas. Incluye un sistema nacional de alerta y un protocolo de avisos a autoridades, servicios de emergencia y población.

Establece ayudas y medidas para reparar los daños causados por la borrasca Filomena en enero de 2021. Incluye compensaciones por daños personales, en viviendas, enseres, comercios, industrias, cultivos y ganado, además de beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.

Amplía hasta las 15:00 del 18 de enero de 2021 el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones tributarias con domiciliación de pago cuyo plazo general terminaba el 15 de enero de 2021. Solo se aplica a contribuyentes afectados por la borrasca Filomena.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM). Este plan fija la organización y los procedimientos del Estado para apoyar a otras administraciones en emergencias y para dirigir y coordinar las emergencias de interés nacional.

Amplía la aplicación de las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 a situaciones catastróficas ocurridas hasta el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas subvencionan hasta el 50 % del coste de proyectos de reparación de infraestructuras y servicios municipales.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que sufrieron daños en su producción por temporales y otras catástrofes, y convoca estas ayudas para 2020. Se aplica a las zonas declaradas afectadas por emergencia de protección civil.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos de la explotación causados por temporales y otras catástrofes, y convoca las ayudas del ejercicio 2020. Regula requisitos, solicitud, cálculo de la ayuda y reintegro.

Añade una disposición adicional a la Ley 29/2010 para permitir que el Gobierno de la Generalitat y el Consejo Técnico celebren sus sesiones a distancia, mediante medios electrónicos, en situaciones de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.

Establece las bases para subvencionar el coste de los avales de SAECA que necesitan los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales para obtener préstamos con los que financiar sus explotaciones. Además, convoca estas subvenciones para el ejercicio 2020.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía de uno a dieciocho meses el plazo para presentar la cuenta justificativa de las ayudas recibidas para reparar viviendas dañadas por el terremoto de Lorca de 2011. También aplica este sistema a expedientes en tramitación y a comunidades de propietarios.