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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 3/2016 que modificaban el impuesto sobre sociedades. La cuestión queda sin objeto porque esos mismos preceptos ya fueron declarados inconstitucionales y nulos por una sentencia anterior.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Asamblea de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese precepto no vulnera los derechos ni principios invocados y se remite a su doctrina anterior sobre este impuesto.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno de Murcia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Declara que ese impuesto es constitucional como tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Junta de Andalucía contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional y no vulnera las competencias autonómicas ni los principios invocados.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, que crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. El tribunal considera que ese impuesto es constitucional, al ser un tributo directo, personal y complementario del impuesto sobre el patrimonio.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra dos preceptos de la Ley 11/2021 sobre el tratamiento fiscal de los pactos sucesorios. La sentencia analiza si esos preceptos respetan la igualdad tributaria y la seguridad jurídica y declara su constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional declara extinguido, por pérdida sobrevenida de objeto, el recurso de inconstitucionalidad del Parlamento de Canarias contra un apartado de la Ley 11/2021 sobre fraude fiscal. El recurso alegaba que esa norma vulneraba la garantía del régimen económico y fiscal de Canarias.

El Tribunal Constitucional declara nulo el inciso de la ley canaria que exigía tener el domicilio social en Canarias para aplicar una deducción en el impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. El tribunal considera que ese requisito vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra una deducción autonómica asturiana en el IRPF para subvenciones y ayudas de la Covid-19 a sectores afectados. La sentencia anula ese precepto porque la comunidad autónoma no puede crear deducciones que afecten al desarrollo de actividades económicas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Bioeléctrica de Garray, S.L. y anula el coeficiente de producción y la retribución a la operación fijados en la Orden TED/668/2020 para dos códigos de instalación tipo. Ordena a la Administración aprobar nuevos valores que tengan en cuenta la producción real de esas instalaciones.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Asociación Empresarial Eólica contra la Orden TED/668/2020, que fijaba los parámetros retributivos de las renovables entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019. Ordena a la Administración revisar esos parámetros según lo razonado en la sentencia.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Enel Green Power España contra la Orden TED/668/2020, que fijaba parámetros retributivos de energías renovables entre octubre de 2018 y junio de 2019. Anula la Orden en lo relativo al coeficiente de apuntamiento por tecnologías y ordena dictar otra que aplique ese coeficiente.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el artículo 5 de la Ley catalana 5/2020, que amplía el impuesto sobre estancias turísticas a los cruceros y permite al Ayuntamiento de Barcelona establecer un recargo. La sentencia analiza si esa regulación respeta las competencias tributarias de la comunidad autónoma.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por senadores contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regulaba la participación de los entes locales en fondos autonómicos. La sentencia examina si existía la extraordinaria y urgente necesidad que justifica el uso del decreto-ley.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de una ley de Castilla y León que creó un impuesto autonómico sobre el riesgo ambiental de las centrales nucleares. La sentencia declara nulo ese precepto porque coincide con el impuesto estatal sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 23 de la Ley Foral de residuos de Navarra, que limita el uso de bolsas de plástico. La sentencia analiza si esas limitaciones respetan las competencias del Estado sobre planificación económica y medio ambiente.