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La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación y su valor medio de negociación del cuarto trimestre de 2025. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2025 y para la declaración informativa anual de valores, seguros y rentas.

Crea en Navarra un impuesto complementario para que los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud tributen al menos a un nivel mínimo global. Se aplica a grupos con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más y sigue las normas modelo de la OCDE y la directiva europea.

Regula la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid: su sector público, los derechos y obligaciones económicos, los presupuestos, el control interno y la contabilidad, las operaciones financieras y los avales, y la Tesorería. Establece las competencias de cada órgano en materia económica y financiera.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija los precios de referencia de 2025 para el petróleo, los condensados y el gas natural extraídos en concesiones sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción. Estos precios sirven para calcular el valor de la extracción y los pagos a los propietarios de los terrenos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Establece los criterios para que las entidades de la Zona Especial Canaria comuniquen al Consejo Rector que no han aplicado los beneficios fiscales previstos, cuando no han podido cumplir los requisitos de la Ley 19/1994. Fija el contenido de esa comunicación, el plazo y los efectos.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.