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Modifica la Ley General de la Seguridad Social para que el tiempo de servicio social obligatorio de la mujer cuente, con un límite de un año, para acceder a la pensión de jubilación parcial, igual que ya ocurre con el servicio militar y la prestación social sustitutoria.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar la contabilidad del ejercicio 2022 en las entidades que forman el sistema de la Seguridad Social. Regula la tramitación de expedientes de gasto, los pagos y el registro de operaciones al final del año.

Aprueba una nueva Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Reúne en un solo texto las reglas para contabilizar gastos e ingresos, el cierre del ejercicio y la tramitación de distintos tipos de gasto. Deroga la Instrucción anterior de 2014.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2022 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Toma como referencia las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Establece el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula los baremos, los equipos multiprofesionales que evalúan, la resolución, la tarjeta acreditativa, la revisión del grado y las reclamaciones. También fija reglas sobre confidencialidad y sistema de información.

Regula cómo el Ingreso Mínimo Vital se combina con los ingresos del trabajo o de la actividad por cuenta propia. Establece una parte de esos ingresos que no se descuenta de la prestación (renta exenta) para que trabajar resulte más rentable. Fija el cálculo, el reconocimiento de la exención y su evaluación.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 13/2022, que crea un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y mejora la protección por cese de actividad. La convalidación mantiene vigente la norma.

Establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus ingresos reales, con tramos de bases y cuotas según rendimientos. También mejora la protección por cese de actividad y prevé una aplicación gradual entre 2023 y 2025.

Actualiza los modelos 1 a 7 que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deben presentar para justificar los coeficientes aplicados en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Fija nuevos coeficientes para septiembre a diciembre de 2021 y cambia plazos de presentación.

Modifica dos reglamentos de la Seguridad Social para adaptar los trámites de afiliación, alta, baja y cotización de los trabajadores autónomos. Refuerza la vía electrónica y permite cambiar las bases de cotización con más frecuencia dentro del año.

Fija las condiciones para que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan aplicar coeficientes especiales al gestionar la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena. Establece cuándo existe insuficiencia financiera y qué se considera circunstancia estructural.

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben realizar en 2022. Fija criterios y prioridades para el asesoramiento técnico a pequeñas empresas y a empresas con mayor siniestralidad, y para la difusión del servicio Prevención10.es.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Las comunidades ya no tendrán que presentar una declaración responsable sobre estar al corriente de impuestos y Seguridad Social: el SEPE pedirá esos certificados directamente.