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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los permisos por nacimiento y cuidado de menor. Declara inconstitucional que la ley no permita a las madres biológicas de familias monoparentales, trabajadoras por cuenta ajena, ampliar su permiso con el que correspondería al otro progenitor.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Modifica el régimen fiscal de las prestaciones de jubilación o invalidez de la Seguridad Social que proceden de aportaciones a mutualidades de previsión social. Desde el 1 de enero de 2024 estas prestaciones se incluyen en la base del IRPF de Navarra. Crea además una deducción extraordinaria para 2024 por prestaciones cobradas entre 2020 y 2023.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar y mejorar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Incluye una adaptación para personas en jubilación parcial y ajusta la remuneración de los miembros de la Comisión de Seguimiento de los planes de empleo.

Fija el plazo especial para ingresar las diferencias de cotización que resultan de aplicar las nuevas bases de cotización de 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Esas diferencias se ingresarán en un único plazo, el del mes de febrero de 2025.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2024 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Toma como referencia las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Concede un suplemento de crédito a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2023, prorrogados para 2024, para gastos en el ámbito de la salud. También incluye una medida administrativa y una disposición sobre pensiones.

Regula la protección de la seguridad y la salud de las personas que trabajan en el servicio del hogar familiar. Establece cómo evaluar los riesgos del trabajo, qué medidas preventivas adoptar, cómo informar y formar a las trabajadoras y cómo vigilar su salud.

Establece un marco entre España y Guatemala para regular la contratación de trabajadores guatemaltecos en España y de españoles en Guatemala. Distingue entre trabajadores estables (al menos un año) y de temporada (hasta nueve meses al año), y fija cómo se comunican las ofertas de empleo, las condiciones laborales y el retorno.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben desarrollar en 2025. Fija criterios y prioridades, con especial atención a las pequeñas empresas y a los sectores con más accidentes de trabajo en 2023.

Modifica la norma que regula el convenio especial con la Seguridad Social para contar la cotización de prácticas formativas y académicas externas hechas antes de la entrada en vigor de la disposición adicional quincuagésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Permite suscribir ese convenio por una única vez y ampliar hasta un máximo de cinco años el cómputo de los periodos de formación.