Buscar en el BOE

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Fija el límite inicial de las pensiones públicas y actualiza las pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y otras prestaciones para 2025. Incluye complementos por mínimos y reglas para pensiones concurrentes.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

Desarrolla la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social: cómo se calculan sus dotaciones, cómo se gestionan sus activos y qué órganos lo controlan. También regula los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre las medidas que afectan al gasto en pensiones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija las bases de cotización a la Seguridad Social para 2025 de las personas trabajadoras del mar incluidas en los grupos segundo y tercero. Las bases se determinan por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales, a partir de las remuneraciones medias de 2024.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, que regula la mejora de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.

Fija el límite de la cuantía inicial de las pensiones públicas y actualiza cada año las pensiones contributivas de la Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado y otras prestaciones públicas. También regula los complementos por mínimos y la revalorización de pensiones no contributivas y otras ayudas.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo del artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020. Esa medida permite a ciudadanos de la Unión Europea que residen en España y se desplazan a diario a Gibraltar para trabajar acceder a las prestaciones por desempleo con las cotizaciones acreditadas en Gibraltar.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para regular la compatibilidad entre cobrar la pensión de jubilación y seguir trabajando. Incluye cambios en la jubilación parcial y la jubilación flexible, y prevé evaluar esas modificaciones.

Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Illes Balears, Barcelona, Córdoba, Madrid, Salamanca, Cantabria, Sevilla, València/Valencia y Zaragoza. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras. Surte efectos desde el 1 de enero de 2025.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.