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Regula la concesión directa de subvenciones para adaptar edificaciones, equipamientos e instalaciones existentes al riesgo de inundación en el tramo medio del río Ebro y sus principales afluentes. Las ayudas se enmarcan en la Estrategia Ebro Resilience y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ley regula la economía social y solidaria en La Rioja: define qué entidades forman parte, crea un catálogo de entidades y un Consejo, y establece medidas de fomento, apoyo económico y simplificación administrativa. También prevé un Plan Riojano de Impulso de este sector.

Modifica las tasas de caza de La Rioja. Cambia los importes de las tarifas de caza mayor en batida y de permisos en terrenos cinegéticos gestionados por la comunidad. También fija nuevas exenciones para autorizaciones por daños en fincas agrícolas y para recechos de corzo hembra.

Modifica el real decreto que delimita la zona de promoción económica de La Rioja para adaptarlo al nuevo Mapa español de ayudas regionales aprobado por la Comisión Europea para 2022-2027. Actualiza así el marco de las ayudas a empresas en esa zona.

Regula la caza y la gestión cinegética en La Rioja. Define las especies cinegéticas y las piezas de caza, clasifica los terrenos, establece la planificación cinegética y los requisitos para cazar. También fija infracciones y sanciones.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Renta de Ciudadanía de La Rioja durante tres mensualidades de 2022. Se aplica a quienes ya la reciben y a solicitudes pendientes o posteriores que cumplan los requisitos. El Gobierno riojano puede prorrogar la medida mientras duren los efectos de la guerra en Ucrania.

Suspende la aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. La suspensión dura hasta que se apruebe una nueva directriz de suelo no urbanizable, con un máximo de seis meses. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2022.

La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.