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Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y a las entidades locales dentro de los sistemas de financiación territorial. Regula también la liquidación definitiva de la participación de los municipios y provincias en los tributos del Estado. Se aprueba ante la prórroga presupuestaria para ajustar las previsiones de ingresos de 2025.

Aprueba los modelos 780 y 781 para declarar y pagar el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Fija quién debe presentarlos, los plazos y el procedimiento de presentación e ingreso por internet.

La orden reduce los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF para 2024 en actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales. Las reducciones se aplican en zonas geográficas concretas recogidas en un anexo, agrupadas por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. La admisión solo inicia el proceso: el Tribunal aún debe decidir sobre el fondo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra un apartado de la Ley 7/2024, que crea varios impuestos. El recurso se dirige al apartado veintiuno de la disposición final novena de esa ley.

Desarrolla el Reglamento del Impuesto Complementario, que busca asegurar un nivel mínimo global de imposición para grupos multinacionales y grupos nacionales de gran magnitud. Concreta cómo se calcula la base, los impuestos cubiertos y el tipo impositivo efectivo, y regula la declaración informativa y la autoliquidación.

Modifica el Reglamento del IRPF para que las guarderías y centros de educación infantil autorizados comuniquen también los datos de la autorización de la guardería expedida por la administración competente. Además, actualiza las obligaciones de información de las entidades de pago y de dinero electrónico.

La orden aprueba los documentos notariales electrónicos timbrados (folio de matriz electrónica y folio de copia autorizada electrónica) y actualiza la norma de 1991 sobre el régimen económico-financiero de la Agencia Tributaria para adaptarla a los nuevos documentos y a los cambios organizativos.

Establece cuándo no se inicia el cobro de deudas por prestaciones o subsidios por desempleo cobrados indebidamente, cuando su importe es tan bajo que no cubre el coste de reclamarlas. También regula cómo se acumulan varias deudas pequeñas y cómo termina el procedimiento si la deuda deja de ser reclamable.

Modifica los modelos 202 y 222 para los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Adapta estos formularios a cambios normativos en la deducibilidad de gastos financieros y en los tipos de gravamen, y fija las condiciones para presentarlos por vía electrónica.

La Agencia Tributaria aprueba las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025. Estas directrices fijan las líneas de información, asistencia, prevención, investigación y control del fraude para ese año.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).

Aprueba los modelos de declaración del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2024 y fija el lugar, la forma y los plazos para presentarlos. Regula también cómo obtener, modificar y confirmar el borrador del IRPF y la presentación electrónica de ambos impuestos.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación y su valor medio de negociación del cuarto trimestre de 2024. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2024 y para la declaración informativa anual de valores, seguros y rentas.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimocuarta de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se cuestiona si esa disposición vulnera el artículo 31.1 de la Constitución, que regula el deber de contribuir a los gastos públicos.