Orden TES/293/2025, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, en relación con las deudas de importe mínimo recaudable.

Mediante la disposición final séptima.uno del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, se añadió el apartado 3.bis al artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo. El objeto de esta disposición, al amparo de los principios de economía y eficacia administrativa, es evitar el inicio del procedimiento de reintegro, cuando el importe de la deuda derivada de una prestación o un subsidio por desempleo indebidamente percibida, fuera inferior a la cantidad determinada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente. Si tal circunstancia sobreviniese con posterioridad a su inicio, se pondrá fin al procedimiento en los términos y condiciones que aquél establezca, con los efectos previstos en el artículo 116.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la competencia para declarar y exigir la devolución de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, corresponde a la entidad gestora de dichas prestaciones, todo ello sin perjuicio de la competencia en la gestión recaudatoria en vía ejecutiva, otorgada a la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y desarrollado por el artículo 2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Mediante la disposición final primera del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, se faculta genéricamente al Ministro de Trabajo y Economía Social para dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del mismo. Ello se corresponde también con las previsiones del artículo 5.2.b) de la Ley General de la Seguridad Social.

En cuanto a su contenido y tramitación, la presente orden observa los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La adecuación de la presente norma a los principios de necesidad y eficacia deriva de la incorporación del apartado 3.bis por la disposición final séptima. uno del Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, materializado en la necesidad de mejorar por parte de la Administración el procedimiento recaudatorio con los medios de los que se dispone.