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Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Establece las bases para conceder subvenciones a entidades locales incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear. Regula quién puede recibir las ayudas, qué actuaciones se financian, los criterios de valoración y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Modifica el artículo 53 de la Ley Foral de protección civil y emergencias de Navarra. Define los puestos de conductor auxiliar bombero y peón auxiliar de bombero y los incluye en la categoría profesional de Bombero.

La ley regula los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (bomberos) en Euskadi. Establece sus funciones, organización, personal y régimen estatutario, y crea una comisión de coordinación entre administraciones.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Aprueba la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Estos planes se actualizan cada seis años.

Aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. El plan se actualiza cada seis años, siguiendo las fases de evaluación preliminar del riesgo, mapas de peligrosidad y de riesgo, y planes de gestión.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Modifica la Ley Foral 8/2005 de protección civil y atención de emergencias de Navarra. Actualiza definiciones como peligro, vulnerabilidad, amenaza, riesgo y emergencia, y cambia el título sobre los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y salvamento. Incluye una disposición transitoria sobre el personal que ocupa el puesto de sargento de bomberos.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece normas básicas de seguridad para proteger a la población y al personal de intervención frente a radiaciones ionizantes en emergencias nucleares o radiológicas. El acuerdo se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

Aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental. El plan se revisa cada seis años e incluye la evaluación del riesgo, mapas de peligrosidad y de riesgo, y medidas de gestión.

Aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de las Illes Balears. El plan se actualiza cada seis años, conforme al Real Decreto 903/2010.

Aprueba la revisión y actualización de los planes de gestión del riesgo de inundación de varias demarcaciones hidrográficas, entre ellas Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla. Estos planes se actualizan cada seis años.

Aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa. El plan se revisa y actualiza cada seis años, conforme al Real Decreto 903/2010.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Regula la concesión directa de una subvención a organismos públicos de protección civil y emergencias de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. El dinero sirve para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea.

Aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que fija el marco político de la política de seguridad nacional. Incluye el análisis del entorno estratégico, los riesgos y amenazas para España y las líneas de acción en cada ámbito.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.