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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio del Interior a entidades que colaboran en protección civil y en la educación superior de personas internas en centros penitenciarios. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las cuantías, el pago, la justificación y el reintegro.

Deja sin efecto la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La dirección y coordinación de la emergencia vuelve a las comunidades autónomas, que pasan a la situación operativa 2 de sus planes de protección civil.

Declara la emergencia de interés nacional por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El Ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y la dirección operativa corresponde a la Unidad Militar de Emergencias.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Crea en el Ministerio del Interior una Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que depende directamente del titular del departamento. Asume las funciones que tenía la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, adscrita a la Subsecretaría. Modifica para ello dos reales decretos sobre estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio del Interior.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

Modifica el Real Decreto 960/2022 para regular la concesión directa de una subvención a organismos públicos de protección civil y emergencias de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. La ayuda sirve para desarrollar, implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, dentro del Plan de Recuperación financiado por la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional estima el recurso del presidente del Gobierno y declara inconstitucional el artículo único de la Ley Foral 5/2024 de Navarra, que modificaba el artículo 53 de la Ley Foral 8/2005 de protección civil y emergencias. El precepto clasificaba como bomberos a los puestos de conductor auxiliar y peón auxiliar de bombero, lo que extendía un régimen de Seguridad Social no previsto en la normativa estatal.