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Fija el límite de biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros que cuentan para el objetivo de venta o consumo de biocarburantes y biogás en transporte desde 2023. Concreta el porcentaje máximo aplicable a cada sujeto obligado y la senda de reducción de los biocarburantes con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra.

Regula la licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas». Establece los requisitos, el proceso de solicitud y concesión, las obligaciones de quien la usa y las causas de extinción. La marca distingue productos agroalimentarios, artesanía no alimentaria y servicios turísticos de estos territorios.

Actualiza los anexos I a VII del Reglamento del Registro de Variedades Comerciales para incorporar los nuevos protocolos de examen de variedades de plantas agrícolas y hortícolas de la Unión Europea. Los cambios se aplican desde el 1 de enero de 2023.

Modifica la norma que regula el reconocimiento y funcionamiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Adapta estas reglas al Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 y fija un periodo transitorio para que las organizaciones ya reconocidas se adapten.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2021, que recoge medidas urgentes para reparar los daños de las erupciones volcánicas y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

Actualiza los anexos del Reglamento general del registro de variedades comerciales y de varios reglamentos técnicos de control y certificación de semillas de cereales, forrajeras y sorgo. Incorpora al ordenamiento español la Directiva de Ejecución (UE) 2021/746, que adapta los protocolos de examen de variedades vegetales.

Aprueba medidas urgentes complementarias para reparar los daños causados por la erupción volcánica en La Palma y para la recuperación económica y social de la isla. Incluye ayudas en vivienda, tributos, carreteras, sector agrario y pesquero, cultura y Seguridad Social.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 19 de la Ley de calidad agroalimentaria de Canarias, que permitía llamar «vino» a bebidas fermentadas de frutas distintas de la uva. El tribunal considera que esa norma contradice la definición estatal de vino, que solo admite la uva.

Modifica la Ley 4/2014 que regula el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), un impuesto indirecto que grava la producción local y la importación de determinados bienes en Canarias. El cambio se hace mediante un artículo único que altera esa ley.