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Regula cómo se autoriza y se retribuye la producción de electricidad con energías renovables en instalaciones situadas en el mar, como la eólica marina. Establece un procedimiento de concurrencia competitiva para adjudicar la capacidad de conexión a la red y fija el régimen económico aplicable.

Fija los precios mensuales del combustible en puerto (fuel oil, diesel oil, gasoil y hulla) para el primer semestre de 2024. Estos precios se usan para calcular la retribución de los grupos generadores de electricidad en los territorios no peninsulares.

Regula el concurso público para repartir la capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa Lancha 220 kV entre instalaciones de generación de electricidad renovable, y convoca ese concurso. Establece las bases, el procedimiento, las obligaciones de los adjudicatarios y las garantías.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.

Publica los acuerdos del IDAE que asignan y amplían presupuesto a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla que lo solicitaron, para ayudas a instalar energías renovables térmicas. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Amplía en 1.500.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para instalar energías renovables térmicas en distintos sectores de la economía. El dinero adicional se asigna a La Rioja, que lo había solicitado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para conceder ayudas a la inversión en proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento, y para instalar sistemas térmicos renovables. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financian con fondos de la Unión Europea Next Generation EU.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Fija los valores del poder calorífico inferior de la hulla, el fuel oil, el diésel oil y el gasoil para el año 2023. Estos valores se usan para calcular la retribución por combustible de los grupos de generación eléctrica situados en los territorios no peninsulares.

Regula la concesión directa de subvenciones a proyectos españoles que participan en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo de la industria del hidrógeno, dentro del Componente 9 del Plan de Recuperación. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las cuantías, los pagos y el seguimiento de las ayudas.

Fija los precios mensuales del gas natural de 2023 que se aplicarán en la liquidación de ese año a los grupos generadores de electricidad situados en Baleares. También indica que no se aprueban precios de gas natural para Canarias y Melilla porque no hay suministro de ese combustible para esos grupos.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el tercer trimestre de 2024 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen del precio del combustible. Estas instalaciones tienen régimen retributivo específico (renovables, cogeneración y residuos).

Crea dos impuestos medioambientales en Aragón: uno sobre parques eólicos y otro sobre parques fotovoltaicos. También modifica el impuesto existente sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. La recaudación se destina a fines ambientales.

Establece un nuevo método para actualizar cada año la retribución a la operación de instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen sobre todo del precio del combustible, como cogeneración, tratamiento de residuos y biomasa. Fija cómo se estiman los precios del mercado eléctrico, del gas, de los hidrocarburos y de los derechos de emisión de CO2, y actualiza los valores aplicables desde el 1 de enero de 2024.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de varios preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 1/2023, sobre medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.