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Modifica tres órdenes sobre laboratorios agroalimentarios y de sanidad de la producción primaria. Adapta los precios públicos de sus servicios, la designación del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y la designación de laboratorio nacional de referencia para análisis de fertilizantes. Con ello ajusta estas normas al Real Decreto 682/2026.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026. La norma prevé la retirada de producto del mercado si se confirma una situación de sobreoferta, con el fin de estabilizar el mercado. Se aplica en una región de producción determinada y fija criterios de activación, cantidades afectadas y controles.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra tres partes de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa. Ajusta y simplifica el Sistema de información de los mercados oleícolas (SIMO) para mejorar la calidad de los datos y la trazabilidad. También cambia otras normas sobre intervenciones agrarias y calidad de aceites vegetales.

Establece la norma de calidad de los aceites vegetales comestibles de semillas y frutos oleaginosos. Define qué productos incluye, sus obligaciones de envasado y etiquetado y las prácticas prohibidas. Sustituye una norma anterior de 1983 y excluye los aceites de oliva y las grasas vegetales.

Establece los grados C, B y A de formación profesional de varios títulos en cuatro familias profesionales: Industrias Alimentarias, Seguridad y Medio Ambiente, Textil, Confección y Piel, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Ordena así las enseñanzas de estos títulos dentro del Sistema de Formación Profesional.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos que refuercen la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. Estas ayudas se financian con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación y del Proyecto Estratégico del sector agroalimentario.

Modifica varios reales decretos que regulan cursos de especialización de Formación Profesional de grado medio y superior. Cambia aspectos como la identificación de los cursos, los módulos profesionales, el profesorado y los anexos, y suprime el módulo de Formación en centros de trabajo en estos cursos.

Crea el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También modifica dos reales decretos anteriores para encajar este órgano en la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC.

Reúne en una sola norma los coadyuvantes tecnológicos autorizados en España, sustancias usadas para elaborar y obtener alimentos. Fija sus condiciones de uso, especificaciones y etiquetado, y deroga las normas sectoriales anteriores que los regulaban por separado.

Modifica dos normas: la que regula el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias agroalimentarias y la que regula el potencial de producción vitícola. Ajusta el procedimiento de reconocimiento e inscripción de estas entidades y las solicitudes ya presentadas.

Desarrolla las exenciones fiscales de IVA e impuestos especiales para las fuerzas armadas de Estados miembros de la UE que participan en misiones de defensa de la política común de seguridad y defensa. Establece el procedimiento para aplicar estas exenciones y modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales.

Modifica el Estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios y el régimen de controles que aplica, para adaptarlos a los cambios de la Ley 12/2013 introducidos por la Ley 16/2021. Actualiza sus fines, funciones, sujetos controlados, competencias de sus órganos de gobierno y régimen económico-financiero.