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Establece cuándo no se inicia el cobro de deudas por prestaciones o subsidios por desempleo cobrados indebidamente, cuando su importe es tan bajo que no cubre el coste de reclamarlas. También regula cómo se acumulan varias deudas pequeñas y cómo termina el procedimiento si la deuda deja de ser reclamable.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Regula las subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Adapta la normativa general de subvenciones a las características de esta actividad y establece dos vías: concesión directa y concurrencia competitiva.

Modifica las bases reguladoras de subvenciones para programas de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal. Actualiza las cuantías de las ayudas para costes salariales e incorpora dos nuevas iniciativas para el empleo juvenil en las administraciones públicas.

Establece los procedimientos administrativos para aplicar las normas técnicas de seguridad de presas y embalses aprobadas por el Real Decreto 264/2021. Regula trámites como la clasificación de presas, los planes de emergencia, la puesta en carga, las normas de explotación y la puesta fuera de servicio.

Regula los cursos de formación para obtener el permiso de conducir de la clase A (motocicletas) de forma progresiva. Actualiza el contenido teórico, aumenta las horas de circulación y exige el uso de airbag.

Modifica las bases de las ayudas públicas para Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) del Plan de Recuperación. Amplía el plazo para ejecutar los proyectos, que podrá terminar como máximo el 30 de junio de 2026.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para cambiar la terminología con la que se refieren a las personas con discapacidad y eliminar términos peyorativos. Los cambios afectan a normas de gobernanza, hacienda pública, consumo, ámbito social y sanitario, espectáculos públicos, deporte y cultura.

Modifica dos reales decretos de subvenciones para Memoria Democrática. Cambia la referencia al presupuesto de 2024 por el de 2025, para poder tramitar las transferencias de crédito y pagar las subvenciones en ese año.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. Cambia el reparto del excedente de la convocatoria, la justificación de los gastos, los criterios de cuantía, la publicidad, el baremo de puntos y los gastos de personal y costes indirectos imputables.

Establece cómo prorrogar y renovar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y trabajo de personas extranjeras que vivían o trabajaban en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. También fija el procedimiento para pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Establece un procedimiento para evaluar y acreditar las competencias básicas (comunicativa, matemática y digital) que las personas adultas han adquirido por experiencia laboral, por formación no formal o por aprendizajes informales. Regula cómo se organiza, quién puede participar y qué efectos tienen las acreditaciones obtenidas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece las normas para solicitar, renovar o modificar los conciertos educativos en Ceuta y Melilla desde el curso 2025/2026. Los conciertos cubren el segundo ciclo de educación infantil, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico, y duran cuatro años, hasta el curso 2028/2029.